- 05/07/2018
- Categorías: Noticias, Sala de Prensa
El Parlamento Andaluz rechazó ayer, con 85 votos en contra y 20 a favor, una proposición de Ley de Protección Animal presentada por Podemos que, de ser aprobada, habría resultado muy nociva para multitud de tradiciones y actividades del mundo rural como la caza, la pesca, la tauromaquia ó la ganadería entre otras muchas.
La proposición, que sí contó con el apoyo de Izquierda Unida, no superó el trámite parlamentario al contar con el voto en contra de PSOE, PP y Ciudadanos que rechazaron la propuesta de Podemos al redactarse sin consenso de los sectores afectados y al tratarse de una amalgama de normas que en esencia copian a la Ley de Protección Animal en vigor actualmente en nuestra región pero imponiendo gravísimas restricciones a actividades como la caza, la tauromaquia ó la ganadería intensiva, entre otras, al no tener en cuenta las particularidades de cada actividad y tratando de legislar del mismo modo sobre animales de producción, silvestres ó domésticos.
No en vano, la Federación Andaluza de Caza, que estuvo presente ayer como invitada en el Parlamento siguiendo el debate parlamentario y posterior votación, ya había alertado a los grupos políticos sobre las graves consecuencias que la aprobación de esta normativa tendría para la caza, y que en la práctica supondría la prohibición de la caza con perros, cetrería ó reclamo y el fin de la caza como herramienta de gestión poblacional ante enfermedades, daños o presión depredadora.
Durante el debate de la Ley, Podemos realizó un firme alegato del animalismo, confirmando que este movimiento ha llegado a las instituciones y administraciones de la mano de la formación morada. No en vano, Jesús Rodríguez, diputado que defendió la proposición de Podemos en el debate de ayer, confirmó que el texto legal sobre Protección Animal fue directamente elaborado por las asociaciones animalistas por encargo de Podemos.
La Federación Andaluza de Caza quiere agradecer públicamente la postura de PSOE, PP y Ciudadanos rechazando un texto legal elaborado sin el consenso del mundo rural, pese a que la proposición de la formación morada hubiera afectado gravemente a prácticamente todos sus sectores y colectivos que, además, representan una parte importantísima de la sociedad andaluza, así como de su tejido social y productivo.