El Gobierno Central confirma su abandono al Silvestrismo obviando que es el Miteco quien debe defenderlo

La Plataforma en Defensa del Silvestrismo quiere mostrar públicamente su decepción ante lo que considera un nuevo ejemplo de dejadez por parte del Gobierno Central en relación a la modalidad, ya que en la respuesta a una pregunta efectuada por el Partido Popular, el Gobierno “olvida” que es el MITECO el organismo a quien corresponde la defensa de la actividad ante la Comisión Europea y también quien se ha encargado de coordinar el régimen de capturas en todo el territorio nacional, razón por la que no puede entenderse que el Gobierno pretenda eludir su responsabilidad sobre esta materia.

Concretamente, la respuesta se produce a la pregunta planteada por el diputado popular Oscar Clavell y en ella el Gobierno Central manifiesta expresamente que “… el Gobierno carece de competencias en las cuestiones relacionadas con la actividad conocida como silvestrismo ya que las autorizaciones excepcionales para la captura de aves no cinegéticas son competencia exclusiva de las comunidades autonómas“.

En ese mismo sentido, la Plataforma en Defensa del Silvestrismo recuerda al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) su compromiso, de febrero de este mismo año, de impulsar un estudio científico sobre la viabilidad de la cría en cautividad como alternativa a las capturas para el Silvestrismo, con la colaboración y participación del sector y de las CCAA. El compromiso de impulsar este proyecto científico independiente surge a raíz de que, en enero de 2019, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad convocada por el propio Miteco, y en la que se abordó el problema del Silvestrismo, reconoció que existen serias dudas científicas acerca de la viabilidad de la cría en cautividad; aspecto confirmado recientemente por el propio IREC.

La Plataforma en Defensa del Silvestrismo exige al Ministerio de Transición Ecológica que abandone su actitud pasiva, evitando una inactividad en la defensa del Silvestrismo que está perjudicando a más de 40.000 españoles, y que cumpla con su compromiso de impulsar un estudio científico independiente cuyos resultados son claves en el futuro de una actividad que, en base a los argumentos aportados por el colectivo hasta el momento, es legal, cumple con la Directiva Aves y contribuye a la conservación.



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